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La “maldición de los recursos naturales” afecta el desarrollo de las comunidades

Carlos Adrián durante un taller con mineros en Antioquia, Colombia

Al igual que otros países con alta extracción y exportación de petróleo y minerales, Colombia puede ser vulnerable a lo que se conoce como "maldición de los recursos naturales". Carlos Adrián Saldarriaga, de EfD Colombia, ha estudiado las condiciones en las que las actividades mineras pueden ser negativas para las comunidades.

En Colombia, las empresas mineras necesitan varias licencias del gobierno para realizar actividades mineras, que tienen un gran impacto en los recursos naturales, los paisajes y el sustento de los habitantes locales. Esto explica por qué algunas comunidades en Colombia se han negado a que las empresas privadas desarrollen actividades mineras en sus territorios.

En 2016, la Corte Constitucional colombiana ordenó al gobierno crear un grupo de trabajo para analizar los impactos socioeconómicos y ecológicos de la minería en Colombia. Carlos Adrián participó en este grupo de trabajo formado por profesionales de la economía, la biología, la geología, la ecología y otras disciplinas. Este grupo entregó un análisis de los impactos económicos y ecológicos de las actividades mineras en Colombia.

Después de esta experiencia, que duró dos años, Carlos Adrián hizo un análisis de las políticas mineras colombianas y encontró en este artículo que fue publicado en el Journal of International Development, que es muy probable que Colombia sufra de la "maldición de los recursos naturales". Esta maldición significa que la extracción de recursos naturales, particularmente recursos no renovables, no es beneficiosa para el desarrollo nacional y tiene efectos adversos a nivel local. En los países ricos en recursos naturales, esto se manifiesta a través de un declive del sector manufacturero, una baja capacidad de innovación y aprendizaje, o mayores barreras para la implementación tecnológica.

"Hay muchos estudios que muestran que los países que extraen recursos naturales tienden a tener peor desarrollo institucional que los países que no lo hacen", dice Carlos Adrián.

Su artículo tiene un enfoque cualitativo y examina cómo y qué políticas en Colombia han llevado al país a la maldición de los recursos naturales. Los estudios que analizó apuntan a decisiones políticas y marcos institucionales del sector minero junto con vulnerabilidades socioeconómicas que hacen que la contribución de la minería sea incierta para el desarrollo de Colombia. Los territorios con alta extracción de minerales muestran baja acumulación de capital humano e indicadores sociales. Adicionalmente, las exenciones fiscales y las políticas mineras inestables pueden debilitar la capacidad fiscal de estos territorios.

A nivel macro, siguiendo la tendencia internacional de aumentar la minería en los países latinoamericanos, Colombia tuvo un cambio en la legislación minera en 2001. Este cambio implicó impuestos más bajos y otros incentivos fiscales para aumentar las inversiones mineras, pero luego la evidencia mostró que el sector minero colombiano no necesitaba esos incentivos. Además, esos incentivos implicaban un alto costo para las finanzas públicas en términos de menos ingresos para el gobierno.

Al igual que en otros países con condiciones similares, Carlos Adrián encontró que en Colombia las exportaciones manufactureras fueron el 36% de las exportaciones totales en 2000, y 18 años después, este número fue del 26%. En el caso de las exportaciones de minerales, representaron el 9% de las exportaciones totales en 2000, y 13 años después fueron el 26%. La exportación de petróleo mostró un mayor aumento, del 36% de la exportación total en 2000 al 55% en 2013.

"Encuentro que los efectos negativos de las políticas mineras nacionales superan los efectos positivos en Colombia. La maldición está ocurriendo", dice Carlos Adrián.

El piensa que la unidad social en los territorios puede ser una solución para mejorar la gestión de las actividades mineras y de los ingresos que provienen de la extracción de minerales. En su agenda de investigación, busca responder preguntas como: ¿cómo puede la vigilancia y la participación activa de la población en el territorio minero mejorar la gobernanza de estos recursos y los impactos de la minería? Tales preguntas de investigación proporcionarán información a las autoridades y comunidades locales al evaluar la adecuación y los impactos de un proyecto minero en un territorio.