América Latina es la región más urbanizada del mundo, con casi el 80% de la población total viviendo en centros urbanos (ONU Habitat 2014). A pesar de los beneficios generados por las fuerzas de aglomeración, las grandes expansiones urbanas en los países de ingresos bajos y medianos no están bien planificadas y más bien responden a las fuerzas económicas que dan forma al crecimiento espontáneo que conducen a resultados ineficientes del uso de la tierra.

En Bogotá, Colombia, la expansión urbana desencadenada por el crecimiento de la población y el desplazamiento interno ha creado presiones ambientales sobre las reservas forestales estratégicas ubicadas en los emblemáticos Eastern Hills de la ciudad. En los últimos años, la urbanización de estos cerros ha generado debates públicos y legales muy acalorados. Las discusiones públicas sobre la expansión urbana en Bogotá a menudo se han centrado en el tiempo en que se debería permitir que los ricos de la ciudad continúen apropiándose de tierras en las colinas orientales. A través de la implementación de un Experimento de Elección (CE), esta investigación busca estimar los costos sociales derivados de los desarrollos urbanísticos en los Cerros de Pascua de Bogotá, incluyendo la degradación del paisaje y pérdidas en los servicios recreativos, entre otros, y comparar este valor económico con la compensación. pagos calculados por la autoridad ambiental local.

Jorge H. García es Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes e Investigador Senior de EfD Colombia. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Gotemburgo.

También es investigador asociado de EPRU, la Unidad de Investigación de Políticas de Economía Ambiental de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Trabaja en el diseño y evaluación de instrumentos de política ambiental en áreas como energía, manufactura y silvicultura. Su investigación se ha centrado principalmente en los instrumentos empresariales y de políticas para el control de la contaminación industrial y agrícola, que incluye la regulación tradicional, permisos de emisiones negociables y divulgación pública. Recientemente ha estado involucrado en proyectos que utilizan conceptos y metodologías de la economía del comportamiento.